Ayuda en Acción y AECID presentan avances de convenio que se implementa en Perú, Ecuador y Colombia
El Embajador de España, Joaquín de Aristegui; el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Vicente Ortega y expertos en migración de los 3 países, visitaron Cúcuta para mostrar avances del convenio Recuperación socioeconómica justa e incluyente de la población venezolana y de acogida.
En Colombia, las actividades del proyecto se desarrollarán en Norte de Santander, específicamente en los municipios de San José de Cúcuta (barrios María Teresa y Las Delicias) y Villa del Rosario (barrios Turbay Ayala y San Gregorio.
Cúcuta junio 17 del 2023. El Convenio, cuyo nombre completo es ‘Recuperación socioeconómica justa e incluyente de la población venezolana y de acogida en Ecuador, Perú y Colombia’ se empezó a implementar a finales del 2023 y tendrá una inversión de tres millones de euros. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) financia este proyecto que es implementado por la Fundación Ayuda en Acción en asocio con la Fundación WWB de Colombia, el Banco “Desarrollo de los Pueblos” S.A CODESARROLLO de Ecuador y Perspektiva Colectivo Integral de Desarrollo de Perú.
En el evento, que se llevó a cabo en la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero de Cúcuta se mostraron los avances y se llevó a cabo un interesante conversatorio sobre un tema vital para la ciudad y el país: Empleo y empleabilidad.
Al respecto Vicente Ortega, Coordinador General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) dijo: “»Lo que buscamos en esta ocasión es diferente a lo que hicimos en 2018, cuando nos enfocamos en asistencia humanitaria. Ahora se trata de lograr la integración social. Queremos atender a más de 30,000 personas, pero lo más importante es hacerlo en la formalidad. La formalización es clave porque, aunque se puede ayudar a mucha gente de manera informal con pequeños trabajos para su supervivencia, nuestro objetivo es ofrecerles una cualificación superior y apoyo administrativo para que se integren completamente en la sociedad, pagando impuestos, seguridad social y recibiendo toda la protección que merecen».
“Este Convenio tiene como objetivo fomentar la integración económica de la población migrante y refugiada, así como de las comunidades de acogida en situación de vulnerabilidad y busca promover la cohesión social y la protección a través de iniciativas que refuercen la inclusión y garanticen el disfrute de derechos para estas poblaciones vulnerables”, explicó María Isabel Cerón de Souza, Representante país y Directora de relaciones institucionales de Ayuda en Acción.
Al evento, que se llevó a cabo en la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero de Cúcuta, asistieron autoridades de la ciudad como la secretaria de fronteras de la Gobernación de Norte de Santander, Ingeniera Kimberly Labarca, y la gestora social del municipio de Cúcuta, Ingeniera Alix Yirley Vargas Torrado.
¿Por qué se priorizó Cúcuta y Norte de Santander?
En Colombia, se estima que hay 2.845.706 ciudadanos venezolanos, de los cuales el departamento de Norte de Santander alberga un 18.15%, es decir, 335.015 personas, según un informe de Migración Colombia de abril de 2024. Este departamento se convierte así en el tercero con mayor recepción de población migrante, superado solo por Bogotá D.C. y Antioquia. Norte de Santander es también el departamento con el mayor número de pasos fronterizos, tanto regulares como irregulares, por los cuales circula aproximadamente el 80% de los migrantes que ingresan al país. Desde la apertura de la frontera en febrero de 2023, se ha registrado la entrada de unos 35.000 migrantes a través de los tres principales puentes fronterizos que conectan Colombia y Venezuela en esta región.
En Colombia, las actividades del proyecto se desarrollarán en Norte de Santander, específicamente en los municipios de San José de Cúcuta (barrios María Teresa y Las Delicias) y Villa del Rosario (barrios Turbay Ayala y San Gregorio). En Ecuador, el proyecto se implementará en la provincia de Imbabura (Ibarra, Otavalo y Pimapiro), y en Perú, en Lima Metropolitana (distritos de San Martín, Comas y Los Olivos). El proyecto tendrá una duración de cuatro años, desde junio de 2023 hasta mayo de 2027.
